Proyecto de Ley que promueve la inserción laboral a personas con discapacidad es autoría de la Diputada Marisol Turres y está listo para ser promulgado.

La propuesta obliga a los organismos públicos y empresas privadas con más de 100 funcionarios a contar con una dotación de al menos un 1% de personas discapacitadas.

Para este propósito, el texto legal determina que los organismos públicos dependientes de la Administración del Estado, así como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, entre otros, deberán en sus procesos de selección de personal, optar -preferentemente y con igualdad de mérito -por personas con discapacidad.

La diputada por la región de Los Lagos, Marisol Turres, autora de esta iniciativa,  explicó que “se establece además que en estos organismos –con 100 o más funcionarios- a lo menos el 1% de la dotación anual deberá corresponder a personas con discapacidad o asignatarias a una pensión de invalidez”.

“Los puntos claves en esta ley, apuntan primero a una discriminación positiva para emplear personas con discapacidad ante igualdad de méritos y así poder  optar a un cargo;  y segundo que Obliga al Estado y a la empresa privada a contratar personas con discapacidad en un porcentaje no menos del 1% de sus trabajadores (empresas con más de 100 trabajadores). El objetivo inicial de este proyecto perseguía que tanto las empresas y en organismos del Estado se contrataran al menos el 2% de las personas pero en la tramitación por parte del Senado lamentablemente se redujo a 1% pero será de carácter obligatorio”, indicó la diputada.

A su vez explicó Turres, que en lo que respecta al sector estatal se está elaborando un reglamento que tiene como objetivo la manera de proceder para estas contrataciones y en el mundo privado deberán dar cuenta en el mes de enero de cada año si están cumpliendo con esta normativa.

Por su parte la presidenta del Club de Discapacitados “San Sebastián”, María Elena Velásquez, dijo sentir sentimientos encontrados con dicha ley ya que encontraba lamentable que se tuviera que “obligar” a las empresas a recibir a personas discapacidades y por otra parte es “muy positivo” ya que podrán acceder a trabajos más dignos y con contratos”.

“La pocas personas con discapacidad que han podido optar a un trabajo  están sin un contrato, no tienen un respaldo de continuidad laboral como los demás”, señaló la presidenta del Club San Sebastián.

Esta ley indica que en caso que las empresas no puedan cumplir con esta norma, se establece la alternativa de celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o bien efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas asociados cuyo objetivo incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos e inserción laboral de personas discapacitadas.